El Gobierno peruano consideró que el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el que se indica que la vida del prontuariado ex gobernador regional de Cajamarca, Gregorio Santos, estaría en un riesgo inminente y pide adoptar medidas que garanticen su integridad, carece de fundamento legal.
A través de un comunicado, el Ministerio de Justicia calificó de “injustificada” la resolución Nº 18/2015 de esta instancia supranacional, por medio de la cual admite en parte la solicitud de medida cautelar de Santos, por la presunta existencia de elementos que podrían afectar su vida e integridad personal.
“Esa resolución es notoriamente improcedente pues carece de fundamento legal que la ampare. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no está facultada por la Convención para emitir este tipo de medidas cautelares; por tanto, el Gobierno peruano no se siente en la obligación legal de cumplirla y no lo hará”, precisa el comunicado del Minjus.
El documento además explica que actualmente Santos Guerrero viene cumpliendo prisión preventiva en el establecimiento penitenciario Piedras Gordas I, del distrito de Ancón, en Lima, y que en ese lugar se ofrecen todas las garantías de seguridad para la vida e integridad física de dicho interno y de los demás que ahí permanecen.
Asimismo remarcó que el Gobierno del Perú enviará una respuesta a la CIDH en la que hará saber su inconformidad con la decisión adoptada y dejará en claro su rechazo a la misma, dado que los informes elaborados por el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), entidad que vela por los reclusos en todo el país, dan cuenta de las óptimas condiciones penitenciarias del interno Gregorio Santos.
“Se tiene información cierta de que el representante del interno Gregorio Santos ha solicitado a la comisión que este pueda cumplir su condena en los locales del edificio del gobierno regional o en su comunidad, bajo la autoridad del jefe comunal, propuesta que el gobierno del Perú rechaza laminarmente por contravenir el ordenamiento legal vigente”, agregó el Ministerio de Justicia.
El propio ministro de Justicia y Derechos Humanos, Gustavo Adrianzén, explicó que no existe razón alguna para acatar la recomendación de la CIDH, en vista que la integridad de Santos Guerrero no está en riesgo, como se advierte.
“No encontramos ninguna razón fáctica para tener que implementar esta recomendación, toda vez que no hay peligro para la integridad física o la vida de Santos”, sostuvo en declaraciones a la prensa.
De esta forma, el Minjus respondió a la resolución de la CIDH, según la cual el Estado peruano debe adoptar medidas que garanticen las condiciones de detención de Gregorio Santos, las mismas que deben ser concertadas con el beneficiario y sus representantes, otorgando un plazo de 20 días para informar sobre ello.
El funcionario además agregó que la CIDH puede dar recomendaciones y el Estado peruano puede acatarlas o no, y, en este caso, la respuesta es no acatarla.
De otro lado, el titular de Justicia pidió que la jueza Janet Lastra, encargada del proceso a los dirigentes que lideran las protestas contra Tía María, se apartara del mismo.
Fuente:Expreso
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